Giorgia Meloni enfrenta obstáculos legales en su plan de deportar migrantes a Albania, debido a una sentencia europea que los tribunales italianos han interpretado para bloquear su iniciativa. La primera ministra italiana insiste en continuar con las deportaciones, argumentando que los jueces no comprendieron bien la sentencia porque es compleja y está escrita en francés. Meloni cuenta con el respaldo de Bruselas y varios países de la UE, que apoyan su enfoque. A través de un nuevo decreto, su gobierno clasifica 19 países como seguros para facilitar las deportaciones.

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