La Procuraduría General de la República por órdenes de la dictadura, ejecutó la confiscación de 35 propiedades privadas en Managua que supuestamente están “abandonadas”, según un acuerdo administrativo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de octubre de 2024.
Según la procuraduría, estas propiedades “podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”, una excusa comúnmente utilizada contra perseguidos políticos de la dictadura.
Las propiedades van desde un pequeño lote de 123.87 metros cuadrados, hasta un terreno de 2309.39 metros cuadrados.

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